Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), solo el 34,83% de los españoles que se somete a una intervención de cirugía estética se informa de la cualificación del médico que se la realizará.
Esta es una de las principales conclusiones de una encuesta realizada por la SECPRE entre cirujanos plásticos de toda España, poseedores todos ellos del título oficial y homologado que les cualifica como tales. Esta falta de información ocurre, tal como afirman desde la SECPRE, “pese a las reiteradas advertencias de administraciones públicas, asociaciones de pacientes y sociedades médico-científicas sobre la gran intrusión que padece esta vertiente de la Cirugía Plástica”.
El presidente de la SECPRE, el Dr. Carlos del Cacho, recuerda que “hablamos de intrusión y no de intrusismo, porque este último es un delito: se produce cuando alguien que no es médico ejerce como tal. La intrusión tiene que ver con el hecho de que un médico que termina la licenciatura, a día de hoy, en España, puede realizar cualquier tipo de procedimiento médico o quirúrgico. No actúa en contra de la ley, pero sí de forma inadecuada”.
La Dra. Ana Jiménez, secretaria general de la SECPRE, añade que “es frecuente que algunas especialidades se solapen. Por ejemplo, los cirujanos plásticos hacemos cirugía de la nariz y los otorrinolaringólogos también y no pasa nada, porque unos y otros tenemos la formación curricular para ello. Lo que no es normal, por poner otro ejemplo, es que un médico general se dedique a realizar aumentos de mama sin la formación necesaria sobre este tipo de intervención, con los consiguientes riesgos para las pacientes y la calidad del resultado”.
La misma encuesta revela que el 16,48% de las intervenciones de cirugía estética practicadas anualmente por los cirujanos plásticos españoles tienen como objetivo corregir intervenciones previas, que resultaron defectuosas o de mala calidad tras ser realizadas en centros o por profesionales inadecuados.
“Esta circunstancia -comenta la Dra. Jiménez- complica las nuevas intervenciones desde el punto de vista clínico, conlleva evidentes trastornos emocionales para los pacientes y supone un sobrecoste, sea para ellos o para el Sistema Nacional de Salud si la intervención previa ha generado algún problema funcional y, en consecuencia, su corrección está cubierta por la sanidad pública”.
