Ante la situación generada por la pandemia de COVID-19 y la incidencia de esta enfermedad entre los profesionales sanitarios, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha adoptado una medida cautelar para requerir al Ministerio de Sanidad la adopción de “todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario” y que informe quincenalmente ante la propia Sala de dichas medidas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y la distribución de los mismos entre las Comunidades Autónomas.
La Sala recuerda que, en este momento en el que se resuelve una medida cautelar, “no procede analizar si existe una inactividad de la Administración, puesto que eso se resolverá cuando se analice el fondo del asunto, en sentencia”.
Pero el Alto Tribunal sí considera que “el interés público esencial y común de preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios, así como de las personas a las que asisten, exigen otras cautelas que procede acordar”.
