Cinco regiones que suman el 56% de la población española contarán con la sanidad privada para la vacunación COVID-19. La Comunidad de Madrid ha aprobado ya una orden oficial para apoyarse en la sanidad privada y Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia han expresado su intención de hacerlo.
Tras anunciarse la Estrategia de Vacunación COVID-19 el pasado mes de noviembre, la Alianza de la Sanidad Privada Española trasladó de inmediato al Ministerio de Sanidad la predisposición de ofrecer todos sus recursos e infraestructuras para contribuir a agilizar la administración de las vacunas bajo las directrices de la sanidad pública.
El Ministerio dejó en manos de las Comunidades Autónomas la planificación de la administración de vacunas en sus respectivos territorios, por lo que, ante la ausencia de un plan nacional que contemple la colaboración de la sanidad privada como parte del Sistema Nacional de Salud, son cada una de las administraciones sanitarias regionales las que deciden si hacerlo o no.
La Comunidad de Madrid a través de su Boletín Oficial se indico que: “las autoridades sanitarias tienen la capacidad para habilitar y disponer de espacios e instalaciones adecuadas, públicas o privadas, para desarrollar la campaña de vacunación frente al Covid-19, así como para poner a su disposición a los centros sanitarios privados y sus profesionales para dicha tarea durante la emergencia sanitaria”.
Los otros cuatro territorios mencionados indicaron que lo harían a medida que se disponga de más dosis de las vacunas que debe recibir España a través de la Unión Europea. Así, el Gobierno catalán ha constatado recientemente que se apoyará en la sanidad privada, al menos a través de los centros concertados. Y Canarias, por su parte, va a contar con la infraestructura sanitaria privada para vacunar a ciertos colectivos esenciales como farmacéuticos, fisioterapeutas y odontólogos, entre otros. Estas cinco comunidades autónomas suman el 56% de la población española.
